El gobierno de dilma rousseff estudia el proyecto
La dura batalla por los medios en Brasil
Publicado el 21 de Febrero de 2011Para Tiempo Argentino
Si bien hasta ahora el Partido de los Trabajadores no había enfrentado a los monopolios mediáticos, en la última campaña se hizo evidente que para consolidar un proceso democrático se necesita democratizar la comunicación.
El debate sobre los medios en Brasil pasó a un primer plano en el final de la campaña electoral del año pasado, cuando el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva salió abiertamente a criticar a los medios dominantes y a exigirles que admitieran a qué candidato apoyaban, reproduciendo una disputa que se da en varios países de América Latina. El nuevo gobierno de Dilma Rousseff, que llegó al poder como la continuidad del exitoso camino emprendido por Lula, se enfrentará con el desafío de convertir esa retórica en un avance concreto en el área de las comunicaciones, tal como demandan numerosos movimientos sociales, con el fin de democratizar el concentrado mercado mediático de la nación más poderosa de la región.
A pocos días de la asunción de la primera presidenta mujer de Brasil, el flamante ministro de Comunicación, Paulo Bernardo, dijo que un proyecto para regular las comunicaciones podría ayudar a compensar la distorsión que existe en el país, donde “hay centenares de empresas actuando, pero las que tienen audiencia son cuatro o cinco”. Ese plan ya existe y es un anteproyecto que dejó su antecesor Franklin Martins, que deberá ser evaluado por el Ejecutivo y luego sometido a consultas y audiencias públicas con la participación de la sociedad civil, en un proceso similar al que recorrió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina. El funcionario declaró que la propuesta podría ser enviada al Congreso este año.
Al igual que en gran parte de América Latina, en el sistema de medios brasileño predomina la lógica privada. No existe un importante sector público –aunque la creación de la Empresa Brasil de Comunicaciones fue un importante paso en el sentido contrario– y prácticamente no hay controles para la propiedad cruzada, es decir, para que un medio tenga al mismo tiempo canales de televisión y de cable, radios y diarios. Además existe otro factor que condiciona el derecho a la información consagrado en la Constitución: la propiedad de medios por parte de funcionarios públicos.
Hasta ahora se sabe que el anteproyecto toca muchos de estos temas, que despiertan una dura oposición de las grandes corporaciones mediáticas. Por ejemplo, plantea discutir si las empresas de telefonía pueden interactuar en el sector de la radiodifusión, si es necesario prohibir la propiedad cruzada y el otorgamiento de licencias a los políticos, y enfatiza la defensa de los contenidos nacionales y locales.
Si bien existen leyes que regulan a los diferentes sectores, no hay una legislación general que contemple la actual variedad de soportes audiovisuales y el incesante avance de las tecnologías de la información. Tampoco se han reglamentado los cinco artículos de la Constitución de 1988 que tratan sobre los monopolios, los oligopolios, la relación entre producción nacional, regional y local y la creación de un consejo de comunicación, entre otras cosas.
La falta de un marco regulatorio y la no reglamentación de los artículos resultó en un mercado altamente concentrado, en el que el Grupo Globo se destaca como el medio hegemónico por excelencia. Tiene 122 emisoras entre propias y afiliadas y llega al 99,5% de la población, un logro impresionante en un país verdaderamente federal como Brasil. Según Ricardo Romero, politólogo de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, “Globo marca agenda, marca políticas y es la única cadena con proyección nacional, el resto tiene preponderancia territorial. Además, dicta una construcción cultural con sus telenovelas, todo un contenido ideológico.”
Detrás de la familia Marinho, dueña del Grupo Globo, se encuentran Rede Récord, de la pentecostal Iglesia Universal del Reino de Dios, y las familias Sirotsky, dueña del Grupo RBS, y Frías, propietaria del diario Folha de São Paulo, el de mayor tirada del país. Tal como ocurrió en la Argentina, las corporaciones mediáticas articularon un discurso contrario a la ley, amparadas en una supuesta defensa de la libertad de prensa que no es más que un intento de conservar un marco legal que permite grandes distorsiones. Venício A. de Lima, periodista, sociólogo y profesor de la Universidad de Brasilia, escribió en un artículo que “la radicalización llegó a tal punto que hasta la expresión ‘democratización de la comunicación’ pasó a ser demonizada por los grandes medios”.
Hacia el final de su mandato, Lula se metió de lleno en este debate, diciendo que los medios brasileños actuaban en realidad como un partido político. “Lo que no se puede aceptar es que intenten vender la idea de neutralidad”, enfatizó. El discurso de la objetividad es el fiel reflejo de la estrategia del Grupo Clarín sobre el periodismo “independiente”.
Pero a pesar de esta declaración de campaña, la política del Partido de los Trabajadores (PT) no fue de enfrentamiento con los medios hegemónicos, algo que fue criticado aun desde las propias filas del oficialismo. El proyecto que revisará el Ministerio de Comunicaciones podría empezar a revertir la concentración, pero se encuentra aún en una etapa inicial y deberá sortear varios obstáculos antes de plasmarse en una ley. De acuerdo a Guillermo Mastrini, licenciado en Ciencias de la Comunicación y profesor de la UBA, “hasta ahora el gobierno del PT ha sido muy moderado en las políticas de comunicación. No sólo eso, ha tenido una política condescendiente con los intereses del Grupo Globo. No hubo una instancia de confrontación.”
Si se toma como medida lo ocurrido en la Argentina –y las coincidencias entre ambos casos apoyan la comparación– pareciera que, para sancionar una ley de medios, es clave la voluntad del poder político. Rousseff cuenta con una sólida presencia en el Congreso (413 diputados sobre 500) y el crucial legado de Lula, a diferencia del kirchnerismo, que dio la batalla por la ley de servicios audiovisuales con un gobierno tras la derrota de junio del 2009. Habrá que ver si el PT aprovecha ese potencial o sucumbe ante la virulenta reacción corporativa de los medios dominantes. <
Los que tienen la palabra
Todavía falta reglamentar en Brasil los artículos sobre monopolios y entre producción nacional, regional y local en la Constitución de 1988.
Por esa razón el mercado es altamente concentrado y con pocos controles del Estado.
El Grupo Globo, de la familia Marinho, es el mayor de todos. Tiene 122 emisoras, entre propias y afiliadas, y llega al 99,5% de la población en todo el territorio.
La Rede Récord, de la Iglesia Pentecostal del Reino de Dios, tiene más de 40 redes afiliadas.
El Grupo RBS, del sur del país, tiene ocho diarios, tres emisoras de televisión, una grabadora, 25 emisoras de radio y cuatro portales de Internet.
La familia Frías es propietaria del diario Folha de São Paulo, el de mayor tirada en Latinoamérica.
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